Principales Asuntos en la Regulación de las TIC

En el año 2010 comienza el funcionamiento del nuevo regulador paneuropeo BEREC que sustituye al anterior ERG/IRG. BEREC desarrollará sus competencias prestando asesoramiento regulatorio al mercado y a la Comisión Europea.

Las principales cuestiones regulatorias vistas en el año 2010 son:[1]

Regulación y convergencia

El elemento central de la regulación en el mundo moderno es el fenómeno de convergencia de servicios. Todos los reguladores tratan sobre la gestión del espectro, la competencia de infraestructuras y la regulación de los contenidos. Hay que tener en cuenta que en la actualidad los servicios de Television, radio y telecomunicaciones se pueden entregar por medio de una misma red IP, empleando un mismo espectro radio. Desde el punto de vista del usuario, el nacimiento de los servicios triple-play y quadruple-play suponen que los usuarios tienen una sola factura con un suministrador de servicios de naturaleza amplia: tanto telecomunicaciones como difusión y contenidos.

Este fenómeno de convergencia de los mercados en tiempos de crisis económica ha venido acompañada de una práctica comercial de paquetización de las ofertas, cuyos componentes obedecen a fórmulas de "tarifa plana". En síntesis, los operadores han preferido sostener los ingresos ahora que mantener la tarificación por tiempo o volumen a que venían acostumbrados.

La convergencia también se suele encontrar vinculada con una convergencia de técnicas regulatorias o incluso de reguladores. En el pasado, la regulación de las telecomunicaciones era bien diferente de la de la difusión; esta última se centraba en normas sobre contenidos y la de telecomunicaciones en cuestiones relativas al acceso. Hoy en día, el contenido y el acceso son cuestiones inseparables y la regulación se hace eco de ello. En muchos países hay reguladores "convergentes" que se ocupan de las telecomunicaciones y de la difusión. Y en los países donde hay reguladores separados, como es el caso de España, Francia, Irlanda Polonia, Suecia y Holanda, se da una cooperación muy estrecha entre ambos reguladores.

Muchos de los debates regulatorios tiene su raíz en las cuestiones tradicionales de la regulación de las telecomunicaciones y de la difusión. Con cierto riesgo de pecar de un una excesiva simplificación, se puede sostener, por ejemplo, que el modelo de regulación de las telecomunicaciones basado en el acceso ha sido consecuencia de una visión liberal del mercado, donde el papel del regulador se centraba en asegurar el beneficio del usuario gracias a una política de funcionamiento eficaz de un mercado en competencia. Mientras que la difusión ha tenido un enfoque más intervencionista, de servicio público, donde el regulador debía definir las normas que debían cumplir los contenidos. Muchos de los debates regulatorios de hoy en día como la neutralidad de la red y el dividendo digital traslucen esa diferencia de orígenes.

Veamos las demás cuestiones regulatorias a lo ancho del mundo.

Gestión del espectro y "dividendo digital"

Una de las principales funciones de los reguladores a lo ancho del mundo es la gestión del espectro radioeléctrico, puesto que las decisiones sobre este recurso escaso tienen un gran efecto en el desarrollo del sector. Por ejemplo, en el Reino Unido las cuestiones relativas al espectro, como las comunicaciones móviles y la difusión, tienen un peso superior al 3% de la economía, más que las industrias de agua y electricidad sumadas. Lo mismo se podría decir de los demás países de la UE.

La problemática de hoy es mayor que en otros momentos, básicamente por cuatro razones:

Diferentes grupos de interés hacen lobby sobre los Reguladores en cuestiones relacionadas con el espectro. Por ejemplo, en Octubre de 2007 Deutsche Telekom encargó un informe que concluía que si la mayoría del espectro que quedará libre con el apagón analógico (el conocido como dividendo digital) se destinase a servicios móviles, la economía europea recibiría un empuje sustancial, en comparación con el escenario alternativo de que el espectro se dedicase a la difusión de TV. Mientras tanto, en las mismas fechas, la Unión Europea de Difusión (EBU), con un grupo de difusores comerciales, había encargado su propio estudio para estimar el impacto económico y social que se lograría si el espectro se destinase a la televisión digital.

El interés sobre la atribución del espectro varía por países. En Japón, el espectro se reasigna por servicios (p.ej. comunicaciones móviles) compensando a quienes tuviesen licencias anteriores, mientras que los EE.UU ha optado por subastar el espectro, e incluso hay un mercado de espectro.

Las diferencias geográficas y culturales tienen mucha importancia en las decisiones sobre la asignación del espectro. En países donde se hablan varios idiomas, como en Bélgica, el dividendo digital es menor, porque hay una necesidad social de tener redes de TV en cada uno de los idiomas, mientras que en países con muchas fronteras como Alemania u Holanda, hay más problemas de planificación de espectro que en otros más aislados como Australia.

En Europa ha habido un desplazamiento gradual en la gestión del espectro de una postura basada en la planificación a otra basada en el mercado, que además,en la creencia que esta sirve mejor para promover el interés general y fomentar la innovación, es neutra en cuanto a los servicios y la tecnología. Es uno de los argumentos básicos de la revisión del Marco regulatorio. A pesar de ello sigue habiendo importantes diferencias entre países. El gobierno Sueco ya ha reasignado el espectro de la TV analógica a la Televisión Digital Terrenal (TDT), e incluso a resuelto un concurso para asignar los nuevos canales TDT.

Redes de acceso de Nueva Generación

Todos los operadores a lo ancho del mundo están desplegando sus Redes de Nueva Generación (NGNs)[2], mediante las que con una nueva red IP sustituyen a muchas centrales y redes de conmutación tradicionales. Y en consecuencia, la atención regulatoria se dirige ahora hacia los Accesos de Nueva Generación (NGA). Las redes con accesos NGA son redes de banda ancha que proporcionan una cantidad y calidad de ancho de banda muy superior a la que se dispone en las redes tradicionales de cobre que unen las centrales telefónicas con los hogares. Aunque los NGA se pueden proporcionar por medio de cable de cobre digitalizado o mediante accesos inalámbricos, es habitual que un despliegue NGA implique sustituir parte de los hilos de cobre con fibra óptica.

El grado de desarrollo del los accesos NGA a lo largo del mundo, depende de muchos factores. No obstante, el debate regulatorio se centra equilibrando la necesidad de competencia en las redes de acceso, con la necesidad de los operadores líderes de tener un horizonte estable con un retorno atractivo a su inversión, de modo que estén interesados en invertir en este tipo de accesos. En pocas palabras, el importe de las inversiones en las NGA es tan alto que los operadores para justificar la inversión exigen condiciones de cuasi-monopolio

En los EE.UU la FCC ha facilitado las inversiones en NGA con una política indulgente, que en el caso de los accesos con fibra óptica ha dejado de lado la regulación ex-ante. Quiere esto decir que cuando el operador incumbente haya renovado su red de acceso a NGA, queda liberado de tener que compartirla con los demás operadores. El punto de vista del FCC es que en los EE.UU no es necesario forzar la competencia en este tipo de acceso puesto que las telco incumbentes ya están compitiendo con los operadores de cable, ofreciendo ambos infraestructuras extremo a extremo.

En Japón, se ha incentivado a que NTT invierta en redes de acceso de fibra óptica mediante una regulación asimétrica, por la que está obligado a ofrecer acceso por las redes de cobre a precios mayoristas muy bajos, mientras que en las redes de fibra óptica los precios mayoristas quedan libres.

Otro mecanismo al alcance de muchos reguladores es el abrir los conductos subterráneos para que se construyan nuevas redes de acceso. La Comisión Europea ha declarado que el “acceso a los tubos y arquetas puede ser esencial en cualquier remedio que se imponga para solucionar los problemas de la red física de acceso”. En España, la CMT ha regulado que los operadores compartan conductos y el cableado de los edificios.

La Comisión Europea ha resaltado la importancia que tiene la competencia para fomentar la innovación y la protección del consumidor, por lo que el debate en Europa hace unos pocos años se centró en las ‘vacaciones regulatorias’ de Alemania, cuestión que ya ha sido superada.[3]

Separación funcional

En la mayoría de Europa el acceso, que es la conexión entre los equipos de abonado y las centrales telefónicas, se proporciona por el operador incumbente. Uno de los objetivos de la regulación es que haya competencia de modo que los operadores alternativos puedan tener un acceso no discriminatorio a la red del incumbente. Con el Marco Regulatorio actual este problema se trata mediante un conjunto de remedios de acceso. En particular es frecuente que se exija al incumbente que proporcione servicios mayoristas a sus rivales tal como los proporciona a sí mismo, para de ese modo tener una mayor garantía de que la competencia en el suministro de servicios minoristas es correcta.

La ‘Separación Funcional’ complementa estas medidas obligando a que los elementos de la red estén un una unidad de negocio diferente. De ese modo los productos y servicios mayoristas se ofrecerán tanto al incumbente como a sus competidores, en condiciones similares.

A diferencia de la separación estructural, la separación funcional no exige que se forme una nueva empresa y por tanto no afecta a los derechos de propiedad de los accionistas. Permite que la compañía dominante continúe intacta. La separación functional no exige que el dominante ponga en venta los elementos de red, téngase en cuenta que el modelo de las telecomunicaciones tiene remedios diferentes que el “desempaquetamiento de la propiedad” que se discute en el contexto de la reforma del sector energético de la UE

Los reguladores de algunos Estados Miembro de la UE están estudiando las ventajas de la separación funcional y alguno de ellos como Ofcom en el Reino Unido tienen más de dos años de experiencia en este remedio. Ya en 2005 Ofcom logró, bajo las leyes británicas de competencia de 2005, que BT separase su negocio de acceso y backhaul aportándolo a una unidad de negocio separada, conocida como 'Openreach'. Nueva Zelanda también ha introducido la separación funcional que está siendo estudiada por varios reguladores europeos como Italia, Suecia[4] y Polonia.

El 13 de Noviembre de 2007, la Comisión Europea hizo públicos sus proyectos de nuevas directivas de Acceso y de Interconexión, para reformar el Marco Regulatorio actual[5]. El proyecto de medidas permite que los reguladores nacionales, como remedio regulatorio, impongan una separación functional. En Octubre de 2007 el Grupo de Reguladores Europeo (ERG) publicó una opinión sobre la separación funcional que precisamente justifica que tal remedio se incluya en el nuevo marco regulatorio[6]. Sin embargo, tanto la Unión Europea como el ERG han cuidado mucho de decir que tal separación haya de imponerse en la UE, más bien abogan por que dicha medida solo se tome después de un estudio muy pormenorizado, caso por caso.

Neutralidad de la red

En términos generales la neutralidad de la red trata sobre cuando y cómo debe sentarse un principio de no discriminación entre las diferentes formas del tráfico Internet que se transporta por las redes. El sector de las comunicaciones está entrando en un periodo en el que cierto tipo de tráfico Internet como el video y las aplicaciones P2P (por ejemplo juegos y servicios de VoIP) aumentan muy rápidamente. Este rápido crecimiento del tráfico puede generar congestiones en algunas de las partes de Internet. Además muchas de esas aplicaciones son sensibles al tiempo o a la velocidad de respuesta, y toleran peor los retrasos y pequeños cortes que el email o la simple navegación. En respuesta a esas demandas, los proveedores de servicios están desarrollando nuevos modelos de negocio que permiten priorizar los diferentes tipos de tráfico. Ello va acompañado de mejoras en la tecnología de las redes para identificar los paquetes vinculados a determinadas aplicaciones, y que por tanto, puedan priorizarse convenientemente.

Los que defienden que la Red sea neutra sostienen que es fundamental para proteger la libre elección de los usuarios y la innovación en Internet, incluso algunos abogados americanos han citado la Primera Enmienda constitucional para argumentar que es preciso mantener la red neutra como garantía de la libertad de expresión. Algunas grandes empresas de Internet y de contenidos también están a favor de las tesis de los grupos de defensa de los consumidores abogando por que la red sea neutra.

Los que se oponen a que la red sea neutra argumentan que es positivo que se pueda ofrecer diferentes calidades de servicio, tanto para recuperar las inversiones en infraestructura como para poder ofrecer servicios como IMS, Voz IP o streaming de video con garantía de calidad. En los EE.UU los operadores de telecom incumbentes y los operadores de cable sostienen que la Primera Enmienda se opone a que la red sea neutra, puesto que no pueden estar obligados a promover unos términos con los que no están de acuerdo.

Si se comparasen los EE.UU con la Unión Europea, las circunstancias son bien distintas. Concretamente, el debate sobre neutralidad de la red comenzó en los EE.UU al desregular los accesos mayoristas, que incluían el acceso a Internet. Mientras que en la UE hay obligación en los accesos mayoristas de ofrecer bucles desagregados y acceso digital, lo cual es una de las claves para resolver los problemas de competencia de un modo muy diferente que el caso norteamericano.

Como parte de las propuestas para reformar el actual Marco regulatorio de la UE, la Comisión ha propuesto un conjunto de medidas para que los usuarios puedan acceder a los contenidos legales y que conozcan con claridad cualquier cambio que su proveedor quiera imponer en las condiciones de servicio, con la posibilidad de cambiar de contrato incluso cuando esté prevista una penalización. Además, la Comisión ha propuesto facultar a los reguladores nacionales para que establezcan condiciones mínimas de calidad de servicio, conforme a una nueva normativa de ámbito europeo.

Fuera de Europa y los EE.UU, este debate se ha desarrollado con menos vigor. En Japón, NTT prioriza su propio servicio Flet’s Square, que ofrece video bajo demanda a velocidades y niveles de servicio superiores a los genéricos de Internet. Por elcontratio, en Corea del Sur la VoIP queda bloqueada en las redes de fibra de alta velocidad, salvo cuando se trate de aquella proporcionada por el propio operador. En China, la calidad de servicio es un asunto menos importante que las violaciones del principio de neutralidad que ocurre habitualmente al filtrar determinados tipos de sitios web.

Competencia en Infraestructuras: distintos contextos en Europa y EE.UU

Los debates regulatorios sobre NGS, neutralidad de la red y separación funcional marcan una clara diferencia entre los panoramas regulatorios de Europa y de EE.UU, en lo que se podría llamar ‘Competencia en Infraestructuras’.

El regulador norteamericano, la FCC, no ha sentido la necesidad de remarcar la regulación ex-ante en el acceso, por que ellos ya tienen competencia sobre los incumbentes y la industria de cable. Aproximadamente el 90% de los hogares tienen acceso a las redes de cable (que proceden de las de Televisión de los años 1950s), y los operadores de cable han realizado recientemente fuertes inversiones en sus redes para proporcionar servicios IP, por tanto compiten con los telcos incumbentes en la oferta de acceso en banda ancha. La FCC opina que con esta competencia entre plataformas no es necesario emprender nuevas acciones regulatorias en el acceso.

En Europa, la situación es bien distinta. En el pasado, algunos reguladores intentaron promover plataformas de cable para que hubiese competencia en infraestructuras extremo a extremo. Sin embargo, con una penetración del cable que en la mayoría de países europeos es mucho menor que la de EE.UU, finalmente se optó por promover la competencia en las redes de acceso (es decir en las redes que están entre las centrales telefónicas y los hogares). Como resultado, se exige a todos los operadores incumbentes europeos que ofrezcan servicios mayoristas ‘bitstream’ (cuyos precios están regulados) y que ofrezcan bucles desagregados y bucles compartidos, donde sus competidores puedan instalar sus equipos para ofrecer servicios usando los cables de acceso del incumbente. Esta política de ofrecer bucles desagregados se introdujo como obligación en todos los estados miembro, si bien no en todos los países esté en la misma etapa de desarrollo.

Regulación de contenidos

La regulación de contenidos trata sobre los materiales que se ofrecen a los usuarios – generalmente por los medios de difusión - pero en la actualidad también por medio de Internet y de dispositivos o teléfonos móviles. Generalmente la regulación de contenidos trata sobre imparcialidad, daños y ofensas, privacidad y pluralidad. Al igual que con la regulación de las redes de acceso, hay fuertes diferencias entre los modelos americano y europeo.

La difusión en Europa se realiza bajo dos modalidades: difusores públicos y difusores comerciales. Todos los estados miembro reconocen el papel que juegan los difusores públicos en la calidad de los programas y en contribuir a amplios objetivos sociales, que representan los diferentes puntos de vista de las sociedades democráticas. Los difusores públicos suelen recibir financiación pública (que la Comisión Europea estudia en detalle para que no sean ayudas de estado), se les exige un alto grado de imparcialidad y unas cuotas de producción y programación de compañías independientes (no vinculadas a un difusor) más estrictas y de procedencia europea.

Por el contrario, la mayoría de las redes norteamericanas no reciben subvenciones ni financiación pública, pero tampoco tienen obligaciones de difusión, y su contenido suele obedecer a simples intereses comerciales. En 1987 se derogó la Fairness Doctrine[7] norteamericana, por lo que desde entonces los difusores pueden publicar las noticias como quieran. Esto es bien contrario a lo que, por ejemplo, se dice en los estatutos de la BBC que “debe hacer lo que sea preciso para que los asuntos controvertidos se traten en todos sus aspectos con la debida precisión e imparcialidad”, o la regulación francesa que exige a los difusores públicos declarar cualquier colaboración con organizaciones externas, y que también les obliga a cubrir ciertas cuotas de producción en francés, para proteger la cultura y el idioma nacional.

Si bien en Europa los difusores públicos son independientes y trabajan en el mismo mercado que los difusores comerciales, en China el sector de difusión es propiedad del estado al 100% y consecuentemente el regulador (SARFT) controla todos los contenidos. Japón tiene un modelo similar a Europa, el difusor público (NHK) está financiado mediante una tasa y hay múltiples difusores comerciales que tienen limitaciones para evitar que sean controlados por intereses extranjeros. La Ley de Difusión Canadiense está centrada en proteger los contenidos, además el CRTC ha establecido una normativa para garantizar el contenido canadiense que examina la cantidad de contenido por su origen y la propiedad y control del sistema de difusión

En punto crucial del proceso de convergencia, y consecuentemente del debate regulatorio, consiste en que ahora es posible distribuir contenidos audiovisuales por una gran cantidad de redes y plataformas. En Europa, ultimamente se ha debatido mucho sobre la nueva directiva de Servicios Audiovisuales y Multimedia que moderniza el marco regulatorio actual. El 19 de Diciembre de 2007, después de dos años de negociaciones, se aprobó la Directiva 2007/65/EC que fué publicada en el Boletín Oficial n° L 332 de 18 Diciembre de 2007, y entró en vigor el 19 de Diciembre de 2007. Los estados miembro disponen de dos años para incorporarla a la legislación nacional correspondiente, que en España se corresponde con la nueva Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.

Esta legislación se aplicará a todos los ‘servicios audiovisuales y multimedia’, que se definen como aquellos servicios que están bajo la responsabilidad editorial de un proveedor de servicios multimedia y cuyo principal objetivo sea la difusión de programas de televisión por medio de redes de comunicaciones electrónicas. Por tanto, la Directiva ha ampliado su campo, pasando de la difusión tradicional de TV a los servicios del tipo TV bajo demanda (servicios de tipo pull). Las demás modalidades de material audiovisual como los contenidos generados por los usuarios y los juegos en línea quedan fuera del alcance de la Directiva. Todos los servicios estarán sujetos a un conjunto de medidas legales básicas, que contemplan la protección de menores, el respeto a la dignidad de las personas y nuevas normas sobre publicidad. La nueva Directiva, para asegurar que la audiencia esté protegida en un entorno convergente, da importancia a la auto - y a la co-regulación, combinadas con un mejor conocimiento de los medios.

A la par de los debates sobre la directiva y a la luz del cambio industrial que se está produciendo, los reguladores nacionales han estudiado como habría que regular los contenidos. Por ejemplo, Ofcom mira mucho más allá de la mera difusión para evaluar qué ‘otros servicios de comunicaciones electrónicas’ podrían ser ‘sustitutivos de los servicios tradicionales lineales’ y, de serlo, cómo se podría conseguir que su contribución al contenido de servicio público sea positiva.[8]

Terminación móvil

En un sistema con redes interconectadas para que haya servicios telefónicos extremo a extremo es preciso tener servicios de terminación. Y hay que tener en cuenta que en muchos países, como es el caso de Europa con la modalidad CPP (Calling Party Pays), los operadores de telecomunicaciones deben pagar una cantidad al operador de terminación, al que se le entrega la llamada, para que la termine en el destinatario.

En los EE.UU y Canada se emplea al principio opuesto, que en dicho caso quiere decir que la red que termina la llamada se hace cargo de los costes de terminación, sin recibir compensación económica.[9] En consecuencia, en los EE.UU y Canada, los precios de las llamadas fijas locales son muy bajos.[10]

Bajo el sistema CPP, la red de quien inicia la llamada (la red de origen) ha de pagar a la red de quien recibe la llamada (la red de terminación) para que la encamine hasta el destinatario. Por tanto, en el ámbito mayorista el coste de la llamada lo debe pagar la red donde se origina la llamada y, en consecuencia, la red de terminación está interesada en cobrarle lo máximo posible, porque así desplaza o reparte a su favor los márgenes que tenga su competidor, sin perjudicar a su cliente (que es la persona llamada y no paga nada por recibir llamadas). Este sistema pierde sentido en la interconexión IP.

Hoy en día los precios son razonablemente bajos en las redes fijas, y por tanto en la mayoría de los países las cantidades que se cobran por terminación en redes fijas son bajos y no suelen presentar problema.

Sin embargo, la situación es bien distinta en los servicios móviles, puesto que al menos en Europa no hay regulación de precios minoristas, y los ingresos por terminación forman una buena parte de los ingresos de los operadores de servicios móviles (por ejemplo, cerca del 15% en el Reino Unido). Los operadores de móvil argumentan que esa diferencia se debe a que ellos tienen mayores costes operativos y de inversión con respecto a los de los operadores fijos. Aseveración muy discutible, que tiene un origen histórico muy sencillo: repartir los márgenes de quien se beneficia de la llamada (la red que la origina).

Dado que los reguladores europeos no pueden entrar en los precios minoristas de servicios móviles, se han de limitar a tomar medidas de control de precios de interconexión en el mercado mayorista, estableciendo cual es el precio máximo que los operadores de móvil pueden imponer entre ellos, y esperando que la competencia consiga que el efecto se traslade a los precios minoristas. El precio tope de la terminación móvil mayorista tiene un fuerte efecto en la economía de los operadores y, a su vez, en los precios minoristas que estos aplican a los usuarios.

En el modelo actual de pagos por terminación, el importe que un operador cobra por terminación queda fuera de la presión competitiva del mercado. Se podría decir que cada operador de acceso tiene un monopolio de terminación, donde ni los usuarios, ni los reguladores, ni los demás operadores pueden ejercer presión. Teniendo en cuenta que el tráfico telefónico suele ser simétrico, es decir que el número de llamadas generadas es más o menos igual al de llamadas terminadas, se podría simplicar este modelo de cobros y pagos.

A la vista del fenómeno del monopolio de terminación que por la ausencia de competencia supone precios altos, hay ciertas corrientes regulatorias que, para abaratar los precios de terminación, abogan por la abolición del cargo mayorista por terminación e implantar el régimen Bill and Keep’ (BAK) donde, al igual que ocurre en la telefonía fija americana, no habría cargos mayoristas entre operadores. Este modelo Bill and Keep tiene también ciertos rasgos similares al modelo de pagos entre operadores en internet, y contrasta con el régimen tradicional de las redes fijas europeas de cobrar por terminación bajo un régimen de precios regulados. Sin embargo, parece bastante improbable, por no decir imposible, que de modo espontáneo, sin que actúen coordinadamente todos los reguladores, en el próximo futuro se produzca un movimiento generalizado de los servicios móviles hacia el modelo BAK.

La tendencia general de Europa ha sido que la intervención regulatoria busque modos de reducir los precios de terminación en móvil y de disminuir la asimetría de los precios de terminación entre los diferentes operadores de un mismo país. La Comisión Europea está a favor de que los precios de terminación móviles disminuyan y se aproximen a unos precios orientados a costes y que se acabe con las fórmulas asimétricas (de no ser que estén bien justificadas por diferencias de costes fuera del control del operador correspondiente), así ha apoyado los cambios emprendidos en esta línea en 2007 por ARCEP en Francia. También ha visto bien la notificación del regulador italiano AGCOM en agosto de 2007 sobre que iba a imponer controles en los precios de terminación del operador 3G 3 Italia, la Comisión comentó que un precio de 16.26 céntimos de euro parecia “demasiado elevado”. En la actualidad, 13 de los estados miembro tienen algún elemento de asimetría en la terminación móvil, y cuatro han impuesto medidas de "glide path" para que la asimetría termine en 2009. La Comisión ha insinuado que podría imponer el sistema "Bill and Keep"[11] y el ERG ha barajado la fórmula Bill and Keep en la consulta pública sobre interconexión IP.

Itinerancia móvil internacional

La mayoría de los asuntos regulatorios que se han tratado más arriba son de ámbito nacional, por tanto quienes han tomado las medidas han sido los reguladores nacionales. Sin embargo hay aspectos de la itinerancia internacional que transcienden dicho ámbito. A raíz de un escrito del European Regulators Group (ERG) de Diciembre de 2005, donde se apuntaba que la regulación europea de entonces no era la adecuada para tratar los altos precios de itinerancia, la Comisión estudió una nueva forma de resolver el problema. La versión final fué aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo y entro en vigor a final de Junio de 2007[12]. Bajo este Reglamento todos los operadores de servicios de itinerancia deben tener una tarifa bajo la cual los usuarios puedan efectuar y recibir llamadas cuando viajen dentro de la Eurozona a un precio inferior a 49 y 24 centimos de euro por minuto respectivamente (inicio+terminación y terminación). Lo cual no impide que se puedan ofrecer otras tarifas para otro tipo de necesidades de los usuarios. El precio medio mayorista que un operador cobra a otro cuando el usuario efectúa una llamada en el extranjero tiene un tope de 30 centimos de euro por minuto.

La introducción de la ‘Euro tarifa’ ha tenido un efecto significativo en los precios al usuario que disminuyeron hasta un 60% en el peridodo Junio - Septiembre de 2007. En cuanto a los operadores, desde entonces encuentran ciertas ramificaciones del concepto, puesto que el Parlamento Europeo y el Consejo son bien conscientes del efecto conseguido al imponer medidas regulatorias. Esta regulación ex ante conlleva que la regulación de precio se mantendrá durante tres años, retirándola después, de no ser que la Comisión entienda que las fuerzas del mercado no sean suficientes para mantener los precios bajos. Seguirán desregulados los SMS y la itinerancia de datos, pero la Comisaria de Telecomunicaciones de la UE, Viviane Reding, ha advertido: “I hope that operators now understand the EU’s ability to act. My message to them: move now and bring SMS and data roaming charges down quickly, or we will be forced to also intervene there very shortly”.[13]

Notas

  1. Basado inicialmente en el Communications Market Report de Ofcom, Diciembre 2007, Agosto de 2008, Agosto de 2009 y posteriormente en el BEREC Work Programme 2010, Public consultation.
  2. Véase la definición de UIT sobre Redes de Nueva Generación
  3. En Alemania, a raíz de que Deutsche Telekom solicitase una exención regulatoria como pre-requisito de sus inversiones en accesos VDSL, se enmendó la Ley General de Telecomunicaciones Alemana de 2006, para permitir que el regulador no se viese forzado a abrir el acceso a las redes de banda muy ancha. En Junio de 2007, la Comisión Europea anunció que, en consecuencia, entablaba una demanda a Alemania ante la Corte de Justicia por contravenir la legislación europea (que no permite dar vacaciones regulatorias a los nuevos servicios y mercados).
  4. Véase: Improved broadband competition through functional separation - PTS-ER-2007:18
  5. Vea la página de wikitel relativa a las políticas de la UE
  6. Véase ERG Opinion on Functional Separation
  7. La Fairness Doctrine fue una regulación que exigía a los difusores que cualquier cuestión controvertida de importancia se presentase al publico de modo que el FCC entendiese que era verídica y equilibrada, Estuvo en vigor desde 1949 hasta 1987.
  8. PSB review, realizada desde Septiembre de 2007 hasta comienzos de 2009,
  9. Esta modalidad se conoce como Bill and Keep’ (BAK)
  10. Conviene recordar que al menos teóricamente se podría cobrar a los usuarios por las llamadas que reciben además de por las que realizan, si bien solamente algunos operadores americanos con tecnología GSM cobran por recibir llamadas
  11. Véase:
  12. Para más detalles véase el Reglamento de Itinerancia.
  13. "Espero que los operadores entiendan la capacidad de acción de la UE. Mi mensaje es: muévanse y bajen los precios de SMS e itinerancia de datos rápidamente, o nos obligarán a intervenir sobre ellos dentro de poco"

Enlaces de interés

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