Historia de la Regulación de las Telecomunicaciones


Las telecomunicaciones en sus más tempranas aplicaciones atrajeron ya el interés del Poder público en su ordenación. Bien por razones de soberanía, de seguridad o de defensa, entre las que no se excluyen las puras motivaciones bélicas, el telégrafo, tanto electromagnético como óptico, y el servicio telefónico inicial inmediatamente acapararon el interés público. Se dice que la primera intervención del Estado en materia de telecomunicaciones se hizo en Francia bajo el reinado del Rey Luis Felipe de Orleans que decidió someter a autorización previa la utilización del telégrafo óptico de Chappé[1] como consecuencia de un formidable fraude en la Bolsa de París por el acceso privilegiado a este rudimentario medio de telecomunicación que había sido utilizado con notable éxito en las campañas bélicas de la convención en las batallas de Valmy y Jemmapes. El telégrafo óptico de Chappé también había sido objeto de reglamentación en España, por razones asimismo bélicas y para asegurar una correspondencia oficial. Por Real Orden de Carlos IV de 17 de Febrero de 1799 se aprobaba un primer proyecto para la instalación del telégrafo óptico y finalmente en 1831 se aprobó la construcción de una línea Madrid – Aranjuez y extendido por una Orden de 1844 para uso exclusivo del Gobierno.[2] En Gran Bretaña, también a impulsos de las Guerras Napoleónicas, los primeros tendidos del telégrafo óptico entre Londres y los Puertos del Canal fueron igualmente impulsados desde el Gobierno. Pronto el telégrafo óptico fue sustituido en toda Europa por la telegrafía eléctrica que también se puso a disposición de los poderes públicos, sobre todo para posibilitar la correspondencia oficial y sólo con posterioridad fue abierto al público y configurándose como un servicio público en gestión directa por el Estado.

En lo que toca al servicio telefónico podemos apreciar, en síntesis, en sus primeros albores, que el inicio del servicio obedece a intereses estrictamente privados, para facilitar la comunicación de algunos empresarios con sus negocios y con otros empresarios. La evolución está marcada por dos premisas: un lento despertar del interés público en su reglamentación y en la consiguiente concesión de licencias y la marcha lenta pero inexorable hacia la unidad en la explotación del servicio, mediante compañías mayores y más interconectadas, prefiguradora del régimen monopólico imperante durante un largo periodo en la historia de las telecomunicaciones.

Bell creó en Estados Unidos la Bell Telephone Company que en 1895 se transformó en la American Telephone And Telegraph Company (ATT), pieza clave en la génesis y evolución del régimen de las telecomunicaciones en los Estados Unidos. Esta compañía operaría bajo un monopolio de hecho que llegó, entre unas y otras vicisitudes a las Telecomunications Act de 1934 origen del específico sistema de regulación ejercido a través de la FCC sobre el monopolio integrado de las telecomunicaciones.

Por el contrario, en Europa la gestión del servicio telefónico abierto al público se hizo posible después de un periodo de operación privada de ámbito local, a través de la implantación progresiva de un modelo de gestión como servicio publico en cuanto a la titularidad y la explotación del mismo de forma directa por el estado o mediante concesiones.

En Francia, la Ley de 26 de junio de 1879 estableció el sistema de concesión a particulares para construir y explotar redes telefónicas urbanas, mientras que las interurbanas eran instaladas y explotadas por el Estado. Más tarde la Ley de 16 de julio de 1889 optó claramente por el monopolio estatal de los servicios de teléfonos.

El régimen de fragmentación, consecuencia de las concesiones a particulares, predominaba asimismo en Alemania en cuyo país a partir de 1891 se impone ya la conveniencia de unificar la red para todo el territorio cuando ya sa había desarrollado el sistema de comunicaciones telefónicas de larga distancia y asentándose el monopolio estatal sobre este servicio.

En España, tras una primera etapa de reglamentación de policía administrativa, el Real Decreto de 16 Agosto de 1882 fué la primera norma que reguló el servicio telefónico sobre la inequívoca declaración de servicio público a través de la forma de concesiones administrativas en su explotación. Es de notar que en este Decreto el servicio se otorgaba sin privilegio de exclusividad, lo que constituía la base para la proliferación de concesiones de carácter urbano, de cuyo hecho no estuvieron ausentes los Ayuntamientos, que se constituyeron de esta forma en explotadores del servicio telefónico en amplias zonas del territorio nacional.[3]

El Real Decreto de 11 de agosto de 1894 significó un giro copernicano en la gestión y explotación del servicio de teléfonos al reservarlo al Estado, que lo gestionó a través del Cuerpo de Telégrafos.

Dos años después, el Real Decreto de 13 de junio de 1896 acusó la crisis generalizada en los recursos de la Hacienda Pública y la incapacidad el Estado para afrontar directamente el establecimiento y tendido de las redes por lo que se volvió al sistema de concesiones administrativas para la instalación y explotación de redes urbanas por un periodo de 20 años sin carácter de exclusividad. En 1890 se regularon por primera vez las redes interurbanas o de larga distancia y que resultaban imprescindibles para la expansión y continuidad del servicio y estableciendo un sistema mixto o dual: la explotación de las redes de larga distancia a cargo del Estado y por intermediación del Cuerpo de Telégrafos y redes urbanas explotadas por particulares mediante concesión. Este fue el régimen consolidado por Real Decreto de 11 de noviembre de 1890. Finalmente y dentro de esta etapa de fragmentación de las formulas de explotación del servicio telefónico con pluralidad de agentes y redes, el Real Decreto de 30 de junio de 1914 insiste en la idea del servicio público estatal y en gestión directa a través del Cuerpo de Telégrafos.

La marcha hacia la unidad en redes, en regímenes de explotación y en titulares de gestión de los distintos servicios urbanos desembocó finalmente cuando ITT propuso crear la Cía. Telefónica Nacional de España, que fué acompañada de una organización, reforma y ampliación del servicio telefónico nacional, a través de un modelo de monopolio pro futuro, rescatando concesiones preexistentes, lo que había de consolidar el monopolio de la compañía a través de la formula participativa del Estado en dicha Compañía.[4]

En Europa, como vemos, partiendo de postulados y principios distintos, se llegó asimismo a puntos de arribada muy semejantes en cuanto a la monopolización del servicio, estructurada, a partir de una cierta época de fin del XIX y comienzos del XX en torno a la titularidad pública del servicio telefónico, casi siempre en gestión directa o a través de empresas concesionadas e intervenidas intensamente por el Estado como era el caso de España dentro de los países europeos.

En el continente europeo, la búsqueda de títulos validos y legítimos para desarrollar y ejercer la intervención el Poder público fue una constante, no necesariamente limitada al campo de las telecomunicaciones. Superado el primer momento de adscripción a la actividad ordinatoria del Estado, con fines y técnicas inherentes a una gestión oficial de los servicios de telecomunicaciones, la subsiguiente apertura al público dió pábulo para la eclosión de la idea básica del servicio público. En España ya en 1882 el servicio telefónico se declara como servicio público y se dicta una reglamentación al efecto. Posteriormente en 1886 la gestión del servicio es asumida directamente por el Estado, bajo las presiones del Cuerpo de Telégrafos. La práctica situación de quiebra de la Hacienda Pública en 1891 implicó el abandono de la gestión directa por parte del Estado y el establecimiento de concesiones de carácter urbano, sin unidad de red y en régimen de no exclusividad.
La fragmentación a que condujo este sistema inició la larga marcha hacia la unidad en torno a una política de rescate de concesiones, a la emergencia de la Compañía Peninsular de Teléfonos y finalmente a la implantación del monopolio de jure en 1907 y reforzado en 1914. El servicio urbano era ejercido tanto por particulares en su gestión como por Ayuntamientos y Diputaciones. Finalmente la unidad se consolidó en torno a la Compañía Telefónica Nacional de España, creada ex profeso en 1924, con participación de capital de ITT que establece el primer marco normativo de carácter unitario para los servicios de telecomunicaciones dentro del Estado Español y sobre la base de un sistema de concesiones administrativas, original en cuanto a la forma de intervención del Estado en la configuración del servicio telefónico.
Esta primera época estuvo marcada por la búsqueda de títulos válidos para la intervención del Estado en el sector de las telecomunicaciones. El primer título que se consideró fue el que permitía la intervención del Estado y sus condiciones como consecuencia de la utilización del demanio público inherente al establecimiento de las redes y sistemas de telecomunicaciones. El título era en consecuencia de carácter puramente demanial, como fue así mismo extensivo y operativo en otros sectores en los que predominaba la obra pública o la utilización o invasión del dominio público viario.
Posteriormente se afianzó y consolidó la idea del servicio público en su aspecto formal y en gestión predominantemente directa tanto centralizada como descentralizada. El régimen nucleado en torno a la idea sustantiva del servicio público, en tanto que reserva al Estado de una actividad, prevaleció como es sabido hasta los procesos de despublificación que tienen lugar a partir de los años 80.

Pero el cambio sustancial que tuvo lugar en las telecomunicaciones a partir de esa fecha vino acompañado de una formidable revolución tecnológica que abrió las puertas para una nueva era, la Era de la Información.


  1. Wiki de la telegrafía óptica
  2. El texto inicial de este artículo fué tomado del Libro del Doctor Chillón, Módulo 1 Sección I por gentileza de su autor.
  3. Véase, como ejemplo, las Redes Telefónicas Urbanas de San Sebastian
  4. Sobre la historia de Telefónica y, en general, del régimen jurídico de las telecomunicaciones en España, puede verse:

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