Derecho de la Competencia


El Derecho de la Competencia es la rama del Derecho que se encarga de regular el comercio mediante la prohibición de conductas ilegales. Parte del principio que la libre competencia es mejor de las opciones posibles para el eficaz reparto de los factores de producción, de donde se derivan unos precios óptimos que maximizan la satisfacción de los usuarios.

El objetivo del Derecho de la competencia es promover la "competencia justa" entre las empresas. Ha tenido un efecto importante en las prácticas empresariales y la reestructuración del sector industrial en los países dónde se ha adoptado. Basadas en la premisa que el comercio libre beneficia tanto a consumidores como a empresas y a la economía en general, las leyes prohíben distintos tipos de prácticas colusorias y el abuso del poder de mercado. (Las prácticas colusorias son acuerdos entre empresas que impiden, restringen o falsean la competencia en el mercado).[1]

Los Comportamientos anticompetitivos comprenden:

Que, a su vez, se pueden ordenar en tres grupos:

Desde un punto de vista general, las conductas colusorias comprenden cuatro comportamientos distintos:

  • acuerdos horizontales entre competidores,
  • acuerdos verticales entre compradores y vendedores,
  • abuso de posición dominante (o de quien tenga peso significativo en el mercado),
  • concentraciones o fusiones que obstaculicen o anulen la competencia

En la Unión Europea se prohiben también las

Y en las telecomunicaciones, además, hay que examinar la disponibilidad de lo que se conoce como

En general, las restricciones horizontales son las que en mayor medida afectan a las condiciones de competencia, especialmente aquéllas que tiene por objeto la fijación de precios, de cuotas de producción o de venta, o el reparto de mercados, incluidas las pujas fraudulentas y, además, son las más difíciles de detectar y perseguir.

El abuso de posición dominante supone que una empresa o empresas que detentan un peso significativo en un determinado mercado (mercado relevante) abusan de esa especial posición a través de prácticas que restringen la competencia. Por ejemplo, abusa quien, ostentando una posición de dominio, impone precios, niega injustificadamente el suministro o prestación a determinados clientes, impone condiciones desiguales para prestaciones equivalentes o supedita la celebración de contratos a condiciones ajenas al objeto de los mismos según los usos de comercio. Es de destacar que en Europa la posición de dominio por sí sola no está prohibida, debe existir un ejercicio abusivo de la misma.

El falseamiento de la libre competencia por actos desleales exige que la concreta práctica desleal distorsione gravemente las condiciones de competencia en el mercado y que esa distorsión afecte al interés público. En este sentido, conviene tener presente que el Derecho de Defensa de la Competencia tiene por finalidad la garantía de unas óptimas condiciones de competencia en los mercados que redunden finalmente en el bienestar de los consumidores, es un derecho público por tanto, y , en principio, le son ajenos los conflictos puramente privados.

Y el objetivo del control de las Ayudas de estado es, tal y como está establecido en los tratados fundacionales de la Comunidad Europea, asegurar que las intervenciones de los gobiernos no distorsionan la competencia y el comercio intra-comunitario. En esta materia, la ayuda de estado está definida como una ventaja de cualquier tipo o forma que se le otorgue a las empresas de manera selectiva por las autoridades públicas nacionales.

Contenido

Análisis de la Competencia

El análisis de la competencia se efectúa del modo siguiente:

  1. Se define el Mercado o Mercados pertinentes, (analizando los productos o servicios sustitutorios, si los hubiese)
  2. Se evalúa el grado de competencia en el correspondiente mercado (tanto en el ámbito mayorista como en el minorista) y en los mercados conexos, identificando si hay agentes con Peso Significativo en el Mercado, PSM.
  3. Se evalúa el grado de competencia en el correspondiente mercado, trás la regulación en cuestión.

Orígenes

Estados Unidos

A finales del siglo XIX el capitalismo de los países industrializados era puesto en duda por gran parte de la sociedad. En el caso de EEUU, la interpretación tradicional considera que las críticas íban dirigidas principalmente a los enormes conglomerados de empresas, los llamados trusts (de dónde proviene el nombre Antitrust). Debido a que estos conglomerados incluían empresas competidoras, que por formar parte del trust podían fijar y elevar conjuntamente el precio de sus productos, los precios se habrían elevado llevando al descontento y las quejas de consumidores y agrícultores.[3] [4]

Otra interpretación considera que fueron las pequeñas empresas quienes, al no poder competir con los trusts por sus bajos precios, presionaron al gobierno para que interviniera.[5][6] Según esta versión, las pequeñas empresas no habrían podido competir contra las eficiencias derivadas de la producción a gran escala (lo que en la jerga económica se conoce como "economías de escala") y se habrían dirigido al gobierno para pedir protección. A pesar de que es cierto que durante dicha época muchos productos, como por ejemplo la gasolina, sufrieran descensos en los precios de hasta el 80% entre 1860-1903,[7] también lo es que sería difícil probar que dichos descensos no habrían sido aún mayores sin la existencia de los trusts.

Opiniones más moderadas consideran que tanto consumidores como empresas pequeñas presionaron al gobierno de igual forma. En el caso de las empresas pequeñas, éstas alegaban que los trusts imponían precios predatorios (precios por debajo de los costes) para eliminarlas y posteriormente subir los precios cuando la competencia hubiese sido eliminada, o incluso impedir la entrada en el mercado de otras empresas,[8] reduciendo así las posibilidades de competir.

En cualquier caso, en 1890 se estableció la Sherman Antitrust Act (por John Sherman, senador estadounidense que propuso la ley) que se considera el nacimiento del Antitrust actual. Posteriormente, el Congreso de los Estados Unidos modificó la ley en repetidas ocasiones durante los cincuenta y así se fueron añadiendo el conjunto de leyes que conforman el actual Antitrust Law.

Unión Europea

El caso europeo es muy distinto del estadounidense. Algunos autores sostienen que el modelo europeo de Antitrust se articuló por la primera vez en Austria a finales del siglo XIX (desde donde se fue implantando al resto de Europa) y nació como rechazo al modelo estadounidense.[9]

En cualquier caso, los países europeos empezaron a interesarse por regular la competencia más tarde que en EEUU, puesto que las empresas europeas eran de menor tamaño y por lo tanto el riesgo de cartelización o abuso era mucho menor. No fue hasta bien entrado el siglo XX que los distintos países empezaron a desarrollar sus propias leyes de competencia. El Tratado de Roma de 1958 supuso la creación de la Unión Europea. Fue a partir de entonces cuando se impulsó la integración económica y la creación del Mercado Unico. Se comenzó también un proceso de liberalización, de privatización de las empresas públicas y monopolios de estado, y de armonización legislativa. Como consecuencia comenzó un fenómeno de fusiones entre empresas (nacionales o europeas) y por tanto, la aparición de empresas más grandes, que tienen peso significativo en el mercado, y riesgo de que abusen de dicha fuerza.

El ejercicio de la Política de la Competencia en la Unión Europea está dictado por la Regulación 1/2003,[10] (que entró en vigor en 2004). Establece, en primer lugar, en qué casos corresponde actuar a las autoridades europeas o a las nacionales. En general, son competencia de las autoridades nacionales los casos que afectan al comercio del Estado Miembro únicamente (siendo este criterio especificado en dicha Regulación) reservándose las autoridades europeas los casos que afecten a más de un Estado Miembro. En segundo lugar, basándode en el Principio de Subsidiariedad permite que cada Estado miembro mantenga sus propias leyes, siempre y cuando éstas no sean contrarias al Derecho Comunitario Europeo.

Teoría económica de la competencia

Precio y cantidades de mercado en el caso de un monopolista y en el de competencia perfecta. El caso del oligopolio sería intermedio, con precios y cantidades entre los anteriores
Precio y cantidades de mercado en el caso de un monopolista y en el de competencia perfecta. El caso del oligopolio sería intermedio, con precios y cantidades entre los anteriores

Competencia se refiere a la lucha por (o el mantenimiento de) la superioridad comercial lo cual, además de legítimo, es el objetivo natural del empresario. En el mundo comercial, esto implica el esfuerzo por conseguir el mayor número posible de clientes. En el Reino Unido, la Competition Commission describe la competencia como "un proceso de rivalidad entre empresas (...) con el objetivo de conseguir clientes"[11].

En general, cuando mayor es la competencia, mayor es la probabilidad de que las empresas sean eficientes (y por tanto, menores sus precios) y mayores sean las variedades o tipos de productos (tanto en cantidad como en calidad). La Economía ha definido, de forma teórica, distintas situaciones o grados de competencia que pueden existir en un mercado. La competencia perfecta es la situación en la que el mercado es lo más competitivo posible: todos los agentes son precio-aceptantes (price takers en inglés) y por lo tanto no tienen ningún poder para subir los precios, obteniendo las empresas el mínimo beneficio necesario para poder mantener la producción. Si cualquier empresa obtuviera beneficios en exceso, otra empresa entraría en el mercado hasta que los precios y los beneficios volvieran al nivel anterior.

Siendo el caso de competencia perfecta prácticamente teórico, la mayoría de mercados están caracterizados por alguna forma de competencia imperfecta. En este caso, el número de empresas en el mercado es inferior (muy bajo, por ejemplo, en el caso del oligopolio, o el duopolio, con sólo dos empresas). Por este motivo, las empresas en tal situación tienen algún poder sobre la fijación de precios y consiguen obtener beneficios en exceso. La competencia imperfecta puede deberse también a la existencia de barreras de entrada, impidiendo el incremento del número de competidores (bien sea esto debido a las características intrínsecas del mercado o a alguna intervención estatal que impida la entrada en dicho mercado, por ejemplo mediante una patente).

La situación de mercado menos competitiva es la del monopolio, en la cual solamente existe una empresa que ofrece dicho producto sin que los consumidores tengan alternativa (por ejemplo, una empresa que domine entre el 50%-100% del mercado). En este caso, la empresa recibe elevados beneficios puesto que puede fijar el precio con una mayor libertad, por tanto es un fijador de precios. En el caso de que existan pocas empresas en el mercado (oligopolio), existe la posibilidad de que éstas actúen como un monopolio, mediante la colusión en un cártel o mediante el comportamiento paralelo. Aún así, el hecho de que una sola empresa exista en el mercado no implica que dicha empresa goce de poder de mercado (o poder para la fijación de precios) si dicho mercado es un mercado contestable. En un mercado contestable, una empresa solamente puede mantenerse como monopolista si produce de la manera más eficiente posible y/o no obtiene beneficios excesivos. Si la empresa se convirtiese en ineficiente o obtuviese beneficios excesivos, otra empresa entraría en el mercado y lo dominaría.

En conclusión, el grado de competencia existente en un mercado puede variar de manera pronunciada según sus características. Sin la intención de que esta lista sea exhaustiva, se consideran "elementos desfavorecederos de la competencia" los siguientes:

Objetivos del Derecho de la competencia

Desde un punto de vista teórico, el objetivo último del Derecho de la Competencia es la maximización del excedente del consumidor[12], lo que implica unos precios lo más reducidos posibles para que el consumidor pueda adquirir un mayor número de productos y variedades de éstos. Sin embargo, la realidad es más compleja y se han intentado alcanzar otros objetivos mediante la competencia, produciendose que en ocasiones la ley haya intentado alcanzar objetivos contrarios.

Sin intención de que la siguiente lista sea exhaustiva, se pueden citar los siguientes objetivos[13]:

Protección del consumidor

A pesar de que existe un consenso más o menos generalizado en cuanto a que el principal objetivo del Derecho de la Competencia debe ser la maximización del bienestar del consumidor, no existe tal consenso en cuanto a la forma o los medios con los que conseguir tales objetivos. En opinión de muchos abogados y economistas, dicho bienestar del consumidor debe de ser alcanzado mediante la protección del proceso competitivo y no mediante la protección del consumidor en sí. Un ejemplo típico es el de la jurisprudencia en materia de precios excesivos: durante muchos años se intentó utilizar las leyes de competencia para acusar a las empresas de fijar precios demasiado altos.

El problema con la utilización del Derecho de la Competencia para asumir un control directo de los precios de las empresas es que en muchas ocasiones el regulador está en una mala posición para poder determinar cual sería el precio en un mercado competitivo. Sin ir más lejos, se necesitaría conocer las curvas de costes de las empresas, la demanda en el mercado y demás aspectos cuyo cálculo es altamente complicado. De hecho, al fijar un precio, el regulador puede terminar provocando mayores distorsiones que las que intenta paliar.

Redistribución

En ocasiones se han perseguido objetivos que tienen más que ver con la promoción de una economía equitativa que con la de una economía eficiente. Por ejemplo, mediante el intento de reducir la acumulación de recursos en grandes empresas y conglomerados, por ser considerado esto como una amenaza a la democracia misma.

Protección de los competidores

Esta visión considera que la competencia debe aplicarse de tal forma que proteja a los competidores pequeños de los rivales más fuertes, viendo este objetivo como intrínseco a la protección del proceso competitivo. El problema de esta forma de ver la competencia es que mediante la protección del más pequeño se puede estar premiando a la empresa ineficiente y castigando a la eficiente, puesto que si la última es capaz de fijar precios menores que eliminen a sus competidores más pequeños, esto será seguramente debido a que tiene unos menores costes o márgenes precio-coste[14].

Mercado Único: el caso europeo

En el caso europeo, la Política de la competencia ha jugado un papel muy importante en la consecución del llamado Mercado Unico, es decir, en la integración económica de los distintos mercados de los Estados Miembros[15] mediante, por ejemplo, el crecimiento del comercio intraeuropeo, el incremento de empresas de carácter europeo (y no únicamente nacional), la convergencia en los Derechos de Propiedad Intelectual, etc.

Como ejemplo, en 2002 en el caso Nintendo la Comisión Europea impuso una multa de 167.8 millones de euros a Nintendo por haber impedido exportaciones de videoconsolas desde el Reino Unido hacia Alemania y Holanda. El objetivo de las empresas que utilizan estas estrategias es la de segmentar cada mercado nacional para así poder imponer distintos precios en distintos países. Si por ejemplo en el Reino Unido una videoconsola se vende más barata que en Alemania, entonces el productor prohibe que sus distribuidores puedan exportarlas a dicho país o incluso las vendan a exportadores. Así la empresa se asegura el poder imponer el mayor precio permitido por la elasticidad de la demanda en cada país (en este caso es de suponer que la elasticidad sería más elevada en el Reino Unido que en Alemania, puesto que en el primero los precios eran más bajos).

Este tipo de comportamiento ha sido perseguido por la Comisión, y prohibido por el Tribunal Europeo de Justícia en muchas ocasiones, en aras de la consolidación del Mercado Unico Europeo, pasando a formar parte esta jurisprudencia de la doctrina conocida como comercio paralelo. Según ésta, se permite que comerciantes exporten o importen bienes provenientes de otros países con el objetivo de aprovecharse de las diferencias en los precios (que en ocasiones permiten cuantiosos beneficios). Así se presiona a las empresas para que tengan una única política de precios a escala europea, siendo la convergencia en los precios el objetivo último del Mercado Unico.

Instituciones europeas encargadas del Derecho de la competencia

Sede central del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal de Primera Instancia en Luxemburgo
Sede central del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal de Primera Instancia en Luxemburgo

Las principales instituciones encargadas de la aplicación y revisión de las normas sobre competencia en la Unión Europea son:

Comisión Europea

La Comisión Europea es el poder ejecutivo de la UE. Tiene además la iniciativa legislativa exclusiva en materia de competencia, es decir, es la única con la atribución para proponer una normativa en esta área (que posteriormente debe ser aprobada por el Parlamento y el Consejo Europeo).

Además, es la encargada de asegurarse de que las normas se cumplen y, en el caso de las normas de competencia, esto implica controlar que el comportamiento de las empresas no infrinja las leyes. En el caso de considerar que sí las infrinjan, es la única con potestad para llevar ante los tribunales a las empresas acusadas.

Cabe destacar también que en materia de fusiones es la encargada de admitirlas o prohibirlas (con la posibilidad de recurrir sobre dicha decisión ante los tribunales.

Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal Europeo de Justicia

El Tribunal de Primera Instancia (TPI) fue creado en 1948 para aligerar el trabajo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJCE). Al igual que el TJCE, el TPI puede revocar las decisiones de la Comisión, con la posibilidad de un último recurso ante el TJCE, última instancia al que se puede recurrir una decisión de la Comisión en materia de competencia.

Derecho Europeo de la Competencia

Acto de firma del tratado de Roma
Acto de firma del tratado de Roma

El Derecho Europeo de la Competencia se puede subdividir en los siguientes bloques, que corresponden a distintios artículos del Tratado de Roma y a la Regulación Europea de Fusiones (European Merger Regulation):

Reglamento 1/2003

El Reglamento 1/2003 establece el marco en el que se debe aplicar el Derecho de la competencia, en particular, los artículos 81 y 82, en el conjunto de miembros de la UE.

En primer lugar, el Reglamento se refiere a su cometido de crear una "red de autoridades nacionales" que cooperen en la aplicación del Derecho de la competencia en el ámbito europeo: [16]

El Reglamento distingue también que la carga de prueba sobre la infracción recae sobre la parte privada o administración que la alege y que corresponde a la empresa acusada de probar que existen eficiencias en el sentido del Artículo 81.3: [17]

Se establece también que el Derecho nacional no podrá ser contrario a lo establecido en el Tratado, es decir, que las normas nacionales no podrán ser contrarias a las europeas, pero sí que podrán ir más allá de éstas, es decir, ser más restrictivas que las anteriores: [18]

Además de estas disposiciones, le Reglamento se refiere a las formas de relación entre la Comisión Europea y las administraciones nacionales. En este sentido, se establece que las decisiones nacionales no deben ser contrarias a las decisiones de la Comisión [19]

Se establecen también los distintos "poderes de investigación" de las distintas circunscripciones, así como la posibilidad de exenciones, en referencia a las llamadas Exenciones en Bloque (Block Exemption Regulation): exenciones de las normas del Tratado para acuerdos particulares.

Artículo 81 del TCE

El artículo 81 del Tratado de Roma prohíbe los acuerdos y prácticas concertadas que pueden afectar al comercio entre Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir o restringir la competencia (substantial leasening of competition).

El Artículo 81 está formulado de acuerdo con lo siguientes conceptos: [20]

Noción de acuerdo y práctica concertada

El artículo 81 prohíbe explícitamente los acuerdos y prácticas concertadas. Los "acuerdos" pueden tomar la forma de un "contrato común" por escrito o bien pueden ser acuerdos entre caballeros (consensuales, informales, no escritos). Las "prácticas concertadas" provienen del concepto de conspiración, es decir, de una tentativa de comportarse de manera concertada. En este caso, dichas prácticas pueden no tomar la forma de un "contrato común" y por lo tanto, se pueden deducir del comportamiento de la empresa (sin que exista una prueba material o por escrito de una reunión entre empresas o que demuestre la concertación de un determinado comportamiento).

Noción de comercio entre Estados Miembros

Así pues, se prohiben los distintos acuerdos o prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre Estados Miembros (EM). La noción de comercio 'entre Estados Miembros debe entenderse de forma amplia, puesto que en ocasiones se han prohibido acuerdos entre empresas sin producción en la UE, considerándose que aún así se podía afectar al comercio entre EM. Es más, en el caso Webb-Pomerene se aplicó la normativa europea a un cártel estadounidense sin producción en la UE y que había sido exento por las autoridades estadounidenses[21].

Leniency: la política de indulgencia

La política de indulgencia (leniency) consiste en recompensar a aquellas empresas que formando parte de un cártel informen a la Comisión de la existencia de éste. La idea de recompensar la delación comenzó ya en 1996 pero no se empezó a aplicar hasta el 2002.

La Commission Notice sobre Immunidad frente a multas establece que se le garantizará immunidad a toda empresa que colabore con la Comisión en el descubrimiento de un cártel: [22]

El mecanismo es muy sencillo: la primera empresa a confesar el crimen puede recibir immunidad completa, es decir, que no se le aplicará ninguna multa como consecuencia de su participación en el cártel si confiesa su existencia. La colaboración con la Comisión también se gratifica con reducciones en las multas, el sistema es el siguiente[2]:

Esta política ha sido de gran éxito puesto que ha fomentado en gran medida la denuncia de tales acuerdos, hasta tal punto que en la actualidad la mayoría de investigaciones sobre cárteles se deben a colaboraciones a través de la indulgencia.

Autoridades en materia de competencia

Asia y Oceanía

América

Europa

Regulaciones

Estados Unidos de América

Unión Europea

España

En España las conductas que la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia declara prohibidas, se ordenan en tres grupos:

Desde un punto de vista general, estas conductas colusorias comprenden cuatro comportamientos distintos:

  • acuerdos horizontales entre competidores,
  • acuerdos verticales entre compradores y vendedores,
  • abuso de posición dominante (o de quien tenga peso significativo en el mercado),
  • concentraciones o fusiones que obstaculicen o anulen la competencia
Organos de Defensa de la Competencia Autonómicos

Bibliografía

Enlaces de interés

Referencias

  1. Véase la página Web de la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea
  2. Veáse la página de Wikitel relativa a las Ayudas de estado
  3. Letwin, W. (1965): Law and Economic Policy in America: The Evolution of the Sherman Antitrust Law. Chicago: University of Chicago Press.
  4. Thorelli, H.B. (1995): The Federal Antitrust Policy: Origination of an American Tradition. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
  5. Grandy, C. (1993): Original Intent and The Sherman Act: A Re-examination of the Consumer-Welfare Hypothesis. Journal of Economic History, 53.
  6. Libecap, G.D. (1992): The Rise of the Chicago Packers and the origins of Meat Inspection and Antitrust. Economic Inquiry, 30.
  7. Thoesken, W. (2002): The Letters of John Sherman and the Origins of Antitrust. Review of Austrian Economics, 15.
  8. El lector con conocimiento de los precios predatorios considerará que, en este caso, lo importante hubiese sido determinar si estos precios se encontraban por debajo de los costes de los trusts o de las pequeñas empresas que competían con ellos. En el primer caso, se hubiera podido considerar un delito, en el segundo no.
  9. Gerber, D.J. (1992): The Origins of European Competition Law in Fin-de-Siècle Austria. The American Journal of Legal History, 36.
  10. Regulación 1/2003 del Consejo Europeo [1]
  11. Véase Merger References: Competition Commission Guidelines (Junio 2003, CC 2), parag. 1.20, disponible en la página web de la Competition Commission
  12. Existe un debate sobre si el Derecho de la Competencia debiera tener como objetivo la maximización del excedente del consumidor o si bien, debiera intentar maximizar el anterior y el excedente del productor. Lo primero implicaría que los precios fueran lo más ajustados posible a los costes de las empresas. Lo segundo no implica necesariamente ésto. Por ejemplo, en el caso de una fusión, existe la posibilidad de que las empresas, tras fusionarse, obtengan una serie de eficiencias, es decir, que sus costes de producción se reduzcan. En el caso de los que consideran que el objetivo del Antitrust es el excedente del consumidor, si la empresa es susceptible de no trasferir parte o incluso la totalidad de esa reducción en los costes a los consumidores (mediante una reducción en los precios), esto podría implicar la prohibición de una fusión de estas características. En el caso de los que consideran que también el excedente del productor debe tenerse en cuenta, el simple hecho de que la empresa redujera sus costes sería motivo para aprobar tal fusión. Simplemente porqué una reducción en los |costes implica que la empresa post-fusión sería más eficiente, a pesar de que no se beneficien de ello los consumidores. Por otro lado, la teoría económica prevé que una reducción en los costes provoque una reducción en los precios. Si observamos el gráfico arriba, una reducción en los costes implica un desplazamiento hacia la derecha de la curva de coste marginal. Puesto que la empresa maximiza sus beneficios produciendo una cantidad en el punto dónde se cruzan las curvas de coste marginal e ingreso marginal, una reducción en los costes implicaría un incremento en la cantidad producida y una reducción en los costes.
  13. Whish, R. (2003): Competition Law. 5a Edición. Editores: Lexis Nexis.
  14. El margen precio-coste (price mark-up) es la diferencia entre el precio que carga la empresa al comprador por cada unidad de bien que vende, y el coste de esta unidad.
  15. Ehlermann, C.D. (1992): The Contribution of EC Competition Policy to the Single Market, Common Market Law Review 257.
  16. Conviene que la Comisión y las autoridades de competencia de los Estados miembros formen conjuntamente una red de autoridades públicas que apliquen las normas de competencia comunitarias en estrecha cooperación. A tal efecto, es necesario crear mecanismos de información y de consulta. La Comisión, en estrecha cooperación con los Estados miembros, establecerá y revisará los pormenores adicionales de la cooperación en la red.
  17. En todos los procedimientos nacionales y comunitarios de aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado, la carga de la prueba de una infracción del apartado 1 del artículo 81 o del artículo 82 del Tratado recaerá sobre la parte o la autoridad que la alegue. La empresa o asociación de empresas que invoque el amparo de las disposiciones del apartado 3 del artículo 81 del Tratado deberá aportar la prueba de que se cumplen las condiciones previstas en dicho apartado.
  18. Artículo 3.2:
    La aplicación del Derecho nacional de la competencia no podrá resultar en la prohibición de acuerdos, decisiones o asociaciones de empresas o prácticas concertadas y que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros pero no restrinjan la competencia en el sentido del apartado 1 del artículo 81 del Tratado, o que reúnan las condiciones del apartado 3 del artículo 81 del Tratado o que estén cubiertos por un reglamento de aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado. Lo dispuesto en el presente Reglamento no impedirá a los Estados miembros adoptar y aplicar en sus respectivos territorios legislaciones nacionales más estrictas en virtud de las cuales se prohíban o penalicen con sanciones determinados comportamientos que las empresas adopten de forma unilateral.
  19. Artículo 16:
    1. Cuando los órganos jurisdiccionales nacionales se pronuncien sobre acuerdos, decisiones o prácticas en virtud de los artículos 81 u 82 del Tratado ya haya sido objeto de una decisión de la Comisión, no podrán adoptar resoluciones incompatibles con la decisión adoptada por la Comisión. Deberán evitar asimismo adoptar decisiones susceptibles de entrar en conflicto con una decisión prevista por la Comisión en procedimientos que ya haya incoado. A tal fin, corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales apreciar si procede suspender su procedimiento. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de los derechos y obligaciones que establece el artículo 234 del Tratado.
    2. Cuando las autoridades de competencia de los Estados miembros decidan acerca de acuerdos, decisiones o prácticas en virtud de los artículos 81 u 82 del Tratado que ya hayan sido objeto de una decisión de la Comisión, no podrán adoptar decisiones incompatibles con la decisión adoptada por la Comisión.
  20. Artículo 81 del Tratado de Roma
    1. Serán incompatibles con el mercado común y quedarán prohibidos todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común y, en particular, los que consistan en:
    a) fijar directa o indirectamente los precios de compra o de venta u otras condiciones de transacción;
    b) limitar o controlar la producción, el mercado, el desarrollo técnico o las inversiones;
    c) repartirse los mercados o las fuentes de abastecimiento;
    d) aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen a éstos una desventaja competitiva;
    e) subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto de dichos contratos.
    2. Los acuerdos o decisiones prohibidos por el presente artículo serán nulos de pleno derecho.
    3. No obstante, las disposiciones del apartado 1 podrán ser declaradas inaplicables a (excepciones de aplicaciónAyudas_de_estado:
    • cualquier acuerdo o categoría de acuerdos entre empresas,
    • cualquier decisión o categoría de decisiones de asociaciones de empresas,
    • cualquier práctica concertada o categoría de prácticas concertadas,
    que contribuyan a mejorar la producción o la distribución de los productos o a fomentar el progreso técnico o económico, y reserven al mismo tiempo a los usuarios una participación equitativa en el beneficio resultante, y sin que:
    a) impongan a las empresas interesadas restricciones que no sean indispensables para alcanzar tales objetivos;
    b) ofrezcan a dichas empresas la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de los productos de que se trate.
  21. Cavicchioli, F.(2000):The Application of EC Competition Law to Non-European (U.S.) Corporations. Tesis de Máster. University of Georgia School of Law.
  22. Apartado II.A, §8:
    The Commission will grant immunity from any fine which would otherwise have been imposed to an undertaking disclosing its participation in an alleged cartel affecting the Community if that undertaking is the first to submit information and evidence which in the Commission’s view will enable it to:
    (a) carry out a targeted inspection in connection with the alleged cartel; or
    (b) find an infringement of Article 81 EC in connection with the alleged cartel.
  23. Comisión Nacional de la Competencia o Tribunal de Defensa de la Competencia de España.

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